Transparencia y datos geográficos abiertos

 Actualmente son la excepción los casos en los que la información geográfica administrativa es pública, abierta, estructurada, oportuna, integral, gratuita, y con gran compromiso por mantener los mejores estándares técnicos.

La falta de transparencia en la información pública afecta al Estado en su conjunto, no es solo la sociedad civil quien padece la opacidad, sino la propia autoridad es un sujeto preponderante en el padecimiento de esta práctica. La falta de coordinación entre políticas públicas y de transparencia de la información puede llevar a políticas contradictorias. Esta realidad es igualmente cierta para la información geográfica en propiedad del gobierno, así por ejemplo un territorio forestal que ha recibido pagos por servicios ambientales para su conservación puede también ser concesionado a la minería por el mismo gobierno que otorgó los recursos públicos para la conservación, sin siquiera estar al tanto del despropósito cometido. Ejemplos como el anterior no son difíciles de encontrar, pasando también por las bases de datos desactualizadas, incompletas, con errores, o dentro de sistemas informáticos obsoletos de los que los funcionarios actuales no tienen pleno control.

Un camino inicial para avanzar en esta agenda es el que ha seguido el Índice de Transparencia de los Recursos Naturales (ITRN), iniciativa de transparencia sobre la gestión pública del agua, los bosques y la pesca, impulsada por cuatro organizaciones de la sociedad civil[1] en el marco del Cuarto Plan de Acción de la Alianza por el Gobierno Abierto. Dentro de los componentes que integran a este índice, se dedicó un apartado a la evaluación de la transparencia de la información geográfica correspondiente a los ámbitos de la caracterización y zonificación de estos recursos naturales, a los permisos y concesiones de extracción y aprovechamiento, a los subsidios, y a la inspección y vigilancia. En total, se evaluaron 98 indicadores geográficos desagregados de la siguiente manera:

Para el Índice de Transparencia, cada uno de estos 98 indicadores geográficos fue evaluado conforme a si cumplía o no con la geometría esperada y a su vez, si los datos disponibles estaban o no en formatos abiertos y reutilizables. La geometría esperada se determinó para cada indicador considerando cuál sería la geometría adecuada en que debería estar expresado el rasgo geográfico (punto, línea o polígono) según correspondiera, así por ejemplo un sitio de inspección podría ser expresado como un punto, una corriente de agua como una línea, y una zona de veda como un polígono. El resultado general de la evaluación fue sumamente bajo, en una escala de 0 a 1 (de menor a mayor transparencia), la información geográfica sobre la gestión del sector hídrico fue la mejor evaluada con 0.45, seguida del sector pesquero con 0.36 y finalmente el sector forestal con 0.15.

De los resultados de este componente del índice, se desprende que la información geográfica oficial con respecto al ámbito de caracterización y zonificación de los recursos es en general la más completa, los recursos forestales están muy bien identificados lo mismo que los recursos hídricos, no así los recursos pesqueros que presentan un gran rezago. La información geográfica correspondiente a los subsidios está en general en segundo lugar de transparencia, en este caso los subsidios del sector pesquero son los mejor identificados. Por su parte, la información geográfica correspondiente a los permisos y concesiones es sumamente pobre para el sector forestal y pesquero, el sector hídrico presenta mayor transparencia, aunque con deficiencias importantes. Finalmente, la inspección y vigilancia es el ámbito con mayor opacidad en los tres sectores. El cuadro con los principales resultados se puede ver a continuación:

Los hallazgos del índice en materia geográfica nos indican una gran brecha en la información disponible. Por un lado, la caracterización física de los recursos tiene una buena cobertura cartográfica, así como los subsidios, que son comúnmente sujetos al escrutinio público y presentan algo de información geográfica. Pero al otro lado, la cartografía administrativa que identifica los esfuerzos de inspección y vigilancia, así como el otorgamiento de los permisos de aprovechamiento y concesiones, presenta los mayores rezagos en generación de información y transparencia.

Estas son justamente las áreas donde es necesario incidir ante las autoridades correspondientes para generar y conocer una cartografía integral de los recursos, que permita a la sociedad en su conjunto tener un mejor control, aprovechamiento, distribución y conservación del entorno natural. La información física del territorio es cada vez más completa, en muchos casos la información que deriva del procesamiento y análisis de imágenes satelitales se actualiza casi en tiempo real. Pero son los actos de autoridad, la información geográfica que regula al territorio y que está contenida en los documentos con las bitácoras, autorizaciones, permisos, decretos, contratos y concesiones la que falta de ponerse en el mapa, todo aquello que regula al territorio y que no es perceptible desde un satélite, al menos mientras no sea demasiado tarde.